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11 MAY 2026

Muchos recuerdan aquellas imágenes del rescate en Utiel de una mujer atrapada en una casa rural inundada tras la DANA de Valencia, con el agua al cuello, con su perro en brazos y sus ga­tos dentro de un transportín, mientras un bombero descendía desde un helicóptero para izarla. Tras la erup­ción del volcán de La Palma de 2021 ocu­rrió algo parecido con varios podencos atrapados por la lava en la zona de Todoque: su rescate mantuvo en vilo a todo el país. Esas es­cenas estuvieron presentes durante el IV Congreso Internacional de Sa­nidad y Bie­nes­tar Animal que es­tos días, promovido por la Organización Colegial Veterinaria (OCV) con la colaboración del Colegio de Valencia, clausurado ayer en la capital del Turia.

Esta última sesión se ha dedicado a analizar el papel de los ve­­te­rinarios y de los perros de rescate en la gestión de desastres, tanto en la actuación de la Unidad Militar de Emer­­gencias (UME) co­mo, más aún, en materia de salud pública y en el marco legal y de organización de Pro­tección Civil. Pues bien, pese a que el RD 524/2023 obliga a proteger a los animales como parte de la ges­tión in­tegral de es­­tas emer­gen­cias, ni el Gobierno central, ni la mayoría de las comunidades autonónomas y menos los ayunta­mien­tos han de­sa­rro­lla­do aún tales planes de ac­tuación.

Como constató la presidenta del Colegio de Ve­terinarios de Te­nerife, Ma­ría Lui­sa Fernández de Mi­­­guel, “en Canarias co­­menzamos a trabajar en un plan cuando en 2017, atendiendo un in­cen­dio en Gran Canaria, una re­sidente bri­­tánica se rezagó de la eva­cuación por salvar a sus animales. Finalmente, encontraron los cuer­pos calcinados de ambos cerca de su casa”. Fue el testi­mo­nio de la representante co­legial de la úni­ca autonomía que, antes in­cluso de la erupción, ya tenía ul­­timado un protocolo y un convenio entre los ve­terinarios canarios y su ejecutivo cuyo primer “en­sayo” se dio con motivo de aquel desastre. Murcia fue la segunda en 2025 y la valenciana será en breve la tercera.

En la jornada de clausura de este IV Congreso Internacional -que ha reunido desde el jueves a 200 veterinarios de todo el país- se trató de dar respuesta a una asignatura aún pendiente: ¿Por qué son necesarios los vete­rinarios en las emer­gen­cias?. Fer­­­­nández de Miguel concretó, a partir de lo vivido en las islas, sus razones: “Porque es evidente que existe mayor sen­­sibilización so­cial, incluso se ha legislado a los animales como ‘seres sintientes’; porque el apego que les tenemos complica muchas veces las evacuaciones de personas; porque, por razones sanitarias y para el control de posibles zoo­nosis y pro­blemas de salubridad, el personal de emergencias necesita controlarlos; porque en la inmensa mayoría de ayunta­mien­tos no exis­ten vete­ri­narios municipales que conozcan el terreno y tengan los conocimientos necesarios; porque para auxiliar en los res­­cates y atender a los animales afec­­­tados son necesarios veterinarios voluntarios y para ello debe existir un colegio que con­voque y coordine”.

Planificación, protocolos y simulacros

En Canarias, esta pla­nificación ha implicado la redacción de un protocolo que marca el inicio y el fin de la actividad de estos profesionales; la fi­nan­cia­ción de equipos homologados para los voluntarios intervinientes así co­mo de los costes de material, viajes, alimentación y aloja­mien­­to; formación en situaciones de este tipo y con animales en particular; un seguro de accidentes que cubra toda la emergencia y un encaje de los veterinarios en la estructura de dirección de la crisis. Desde la erupción, representantes de los veterinarios han participado de la toma de decisiones del puesto de mando de cuatro incendios y en otros 5 simulacros.

La tercera región, tras la de Murcia, que se sumará a este modelo y que realmente supone un desarrollo de la propia re­­­gulación nacional vigente será la valenciana. Como informó Marta Gabaldón Pérez, jefa de servicio de Protección Animal de la Con­sellería de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de Recuperación, la regulación autonómica en materia de protección, bie­nestar y tenencia de animales (Ley 2/2023) ya confirmó también la obligación de la Administración autonómica y local de “elaborar pro­tocolos de actuación y planes de evacuación y emergencia ante catástrofes naturales, pandemias o similares” de todo tipo de animales.

Y fue, con motivo del desastre de la DANA, cuando se “identificaron” ne­ce­si­da­des tales como articular un sistema para el rescate y atención urgente de animales afectados -y de la mano del Colegio se im­provisaron puestos de atención veterinaria sobre el terreno-; para identificar a miles de perros o gatos y localizar a sus responsables (para lo cual el microchip fue clave); para reubicar momentáneamente a los afectados y tratar a largo plazo e incluso hospitalizar a otros (los hospitales privados y de fa­cultades de Veterinaria se movilizaron);para gestionar los cadáveres de animales de compañía y de abasto (se activó a la empresa Tragsa) y gestionar la “logística para el enorme tonelaje de donativos materiales y económicos que solidariamente llegó” (el Bioparc de Va­len­cia comenzó a almacenarlo pero se tuvieron que alquilar dos naves industriales), confesó.

De ahí que en estos momentos se ultime, de forma coordinada con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y en contacto con el Consejo Valenciano de Colegios de Veterinarios  un ‘Procedimiento de Atención de Ani­­males’ y un convenio de colaboración con los propios colegios para afrontar estas situaciones. Documento que, además, deberá “servir de base” -aclaró Gabaldón- para el desarrollo posterior de los ‘Planes territoriales de Emergencias (PTME). En este terreno de lo local, junto a ello, se trabaja en otro protocolo paralelo dirigido a consistorios, cuidadores y protectoras implicadas en la gestión de colonias felinas, damnificadas también por causa de la DANA.

Veterinarios municipales

Porque, en este plano municipal, la planificación de estas cues­tio­nes en todo el país es si cabe más inexistente. Así lo puso de manifiesto la presidenta de la Asociación Española de Veterinarios Municipales, Belén Muñoz, quien en primera instancia se lamentó por el escaso porcentaje de consistorios que cuentan con un veterinario en nómina. Su papel, según detalló, debería ser clave a la hora de definir los protocolos de evacuación adaptados a las condiciones del municipio; para mantener un censo ac­tua­li­za­do y un mapeo con las ubicaciones de colonias felinas y de las pro­tec­to­ras locales; para situar en función de ello los puntos críticos con los que priorizar actuaciones y para identificar los recursos, esto es, el voluntariado de veterinarios y civiles, de posibles refugios temporales, redes de casas de acogida y centros veterinarios que pudieran atender a los animales afectados. Además de todo ello -como destacó- los ayuntamientos son los responsables de la retirada y tratamiento higiénico de los animales muertos para evitar posibles brotes epidémicos.

Con anterioridad, intervino María Gema Rojo, jefa de Servicio de Riesgos Químicos y Biológicos en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, quien describió la estructura hoy existente y el mar­co legal del Sistema Nacional de Protección Civil. Rojo detalló y valoró positivamente las posibles funciones de veterinario en este tipo de emergencias y consideró la conveniencia de que tenga “una intervención directa” en el análisis de riesgos, en la re­dac­ción de protocolos de evacuación, la atención y triaje de animales afectados, a la hora de definir los alojamientos temporales y la logística de sus traslados… e incluso -durante la crisis- “en el asesoramiento especializado” a sus equipos de dirección.

Por su parte, Luis Antonio Rodríguez Álvarez, teniente coronel Jefe del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioam­bien­tales de la UME, habló de sus actuaciones en los distintos tipos de crisis en las que intervienen. El alto mando destacó el trabajo del servicio veterinario integrado en esta unidad así como del “papel clave” en este tipo de desastres que tienen los perros adies­trados para la localización y rescate de víctimas. Asimismo, describió los riesgos existentes –nucleares-, biológicos y químicos-, ponderó la eficacia del trabajo en equipo bajo un mando único y con un adecuado entrenamiento, y se refirió a su presencia en Barcelona, durante 69 días, para contener el brote de PPA detectado en jabalíes en las proximidades de la capital catalana.

“Nuestra tarea en este caso – señaló el oficial- ha permitido trazar un plan sobre el terreno con equipos multidisciplinares, estableciendo fases y procedimientos estrictos, que eviten la propagación de la enfermedad a través de eventuales vectores. Se ha seguido el esquema habitual de preparación, respuesta y resiliencia/recuperación”.

También intervino Paolo Dalla, experto de la OMSA en gestión de catástrofes con presencia de animales, quien inisistió en la importancia de la prepación y anticipación ante este tipo de fenómenos extremos, que puedne ser terremotos, incendios forestales, terremotos, sequías, huracanes o confluctos bélicos, entre otros, que suceden por todo el planeta.

7 MAY 2026

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) aclara que la vía principal de transmisión de este virus es ambiental, vinculada a excretas de roedores infectados durante años y no la convivencia ordinaria con personas que hayan podido estar expuestas

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha difundido una serie de orientaciones técnicas sobre los hantavirus a raíz del brote detectado en el crucero internacional MV Hondius. La investigación epidemiológica continúa en curso y el buque tiene previsto atracar en las Islas Canarias para llevar a cabo la correspondiente evaluación sanitaria, que incluirá el análisis del barco, así como de determinados pasajeros y miembros de la tripulación.

En relación con este brote, aún no se ha determinado con certeza si la exposición al virus ocurrió antes del embarque, durante la travesía o ya a bordo. No obstante, teniendo en cuenta el periodo de incubación de los primeros casos, se contempla la posibilidad de que el contagio se produjera fuera del barco. Tampoco se ha confirmado si hubo transmisión entre personas. Por este motivo, desde una perspectiva técnica, es fundamental diferenciar entre exposición ambiental, infección confirmada y enfermedad clínica.

Francisco Ruiz Fons, veterinario e Investigador Científico del CSIC en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), explica que “el análisis del impacto de un brote de hantavirus exige diferenciar entre riesgo percibido y riesgo real. La vía principal de transmisión es ambiental, vinculada a excretas de roedores infectados durante años de muy alta abundancia de estos, y no la convivencia ordinaria con personas que hayan podido estar expuestas. Solo algunas variantes concretas, como el virus Andes, han mostrado capacidad limitada de transmisión interpersonal, generalmente en contextos de contacto estrecho y prolongado”.

El investigador añade además que “este episodio ilustra con claridad la dimensión One Health de las zoonosis: hablamos de un virus mantenido en reservorios animales cuya transmisión está vinculada a la abundancia de roedores, a su vez muy influida por las condiciones ambientales, que puede alcanzar al ser humano a través de un entorno contaminado y cuya correcta evaluación exige precisamente una mirada coordinada entre salud humana, animal y ambiental”.

Desde la profesión veterinaria se insiste en que, en un escenario marcado por la movilidad internacional, los brotes de enfermedades zoonósicas deben analizarse con criterios científicos y mediante una actuación coordinada entre distintos ámbitos. Estos acontecimientos ponen de relieve la necesidad de integrar de manera efectiva la perspectiva veterinaria en las políticas de vigilancia y respuesta frente a zoonosis, especialmente en lo relativo a la identificación de reservorios, fuentes de exposición, valoración del riesgo ambiental y aplicación de medidas preventivas proporcionadas.

En cuanto a la prevención de los hantavirus, la principal estrategia consiste en evitar el contacto con roedores y con sus excretas. Entre las medidas más relevantes se encuentran el control de las poblaciones de roedores, la ventilación adecuada de espacios cerrados, la limpieza en húmedo de áreas potencialmente contaminadas, la desinfección de superficies, evitar barrer en seco en lugares donde pueda haber heces u orina de roedores y garantizar una correcta gestión de residuos y alimentos.

SITUACIÓN DE HANTAVIRUS EN EUROPA

La situación epidemiológica en Europa difiere notablemente de la descrita en ciertas regiones de América, de donde procede la cepa que, según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS), está relacionada con el brote investigado. En el caso de los hantavirus europeos, no se han documentado hasta el momento casos de transmisión entre personas. La excepción de mayor relevancia epidemiológica es el virus Andes, presente en determinadas zonas de América del Sur, para el que sí se ha constatado una transmisión interpersonal limitada en situaciones de contacto estrecho y prolongado, siendo el brote iniciado en el crucero.

La infección humana suele producirse principalmente por la inhalación de polvo o aerosoles contaminados con excretas de roedores, especialmente en espacios cerrados y mal ventilados. También puede darse por contacto directo con roedores vivos o muertos, aunque las mordeduras o arañazos son vías menos habituales.

En España, la presencia de la infección por hantavirus es muy reducida. De acuerdo con los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, no se notificaron casos en el país desde 2019 hasta los últimos datos disponibles de 2023. En el conjunto de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo se registraron en 2023 un total de 1.885 casos, lo que supone una tasa de 0,4 por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del periodo analizado. Ese año se contabilizaron tres fallecimientos en Estonia, país donde, debido a sus condiciones ambientales, el virus tiene mayor presencia.

28 ABR 2026

Con motivo de la Semana Mundial de la Vacunación, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha editado un vídeo que pone el foco en el valor de inmunización como herramienta de prevención, protección de la sanidad animal y refuerzo de la salud pública, desde el enfoque One Health. Es decir, beneficia al animal, a las personas que conviven con él y a toda la población.

Asimismo, la profesión subraya la necesidad de avanzar hacia una fiscalidad coherente con la función sanitaria de las vacunas veterinarias, ya que el gravamen del 21 por ciento de IVA es desproporcionado.

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23 ABR 2026

Con motivo del Día Mundial de la Veterinaria, la Organización Colegial Veterinaria (OCV) pone en valor la labor de una profesión esencial para la sociedad: desempeña un papel clave en la prevención de enfermedades gracias a la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la protección de la salud pública, dentro del enfoque One Health.

Así lo recoge este video editado por la OCV para la ocasión. Porque la veterinaria no solo cuida animales. Protege vidas, protege salud y protege futuro.

1 ABR 2026

España necesita abrir, de una vez, una conversación seria sobre la veterinaria. No una conversación reducida al ruido coyuntural sobre antibióticos, plataformas de prescripción o distribución de medicamentos, sino un debate de país sobre una profesión sanitaria esencial que sigue sin recibir el reconocimiento institucional, normativo y social que merece.

La veterinaria no es un sector accesorio ni un apéndice del bienestar animal entendido en términos sentimentales. Es salud pública, seguridad alimentaria, prevención, vigilancia epidemiológica, control de zoonosis, sostenibilidad ganadera, economía rural y protección del consumidor. Sin veterinarios no hay una sola salud posible. Y, sin embargo, en España seguimos regulando y tratando a la profesión como si su papel sanitario fuera secundario.

En los últimos días se ha insistido en una idea aparentemente simple: que la separación estricta entre prescripción y suministro de medicamentos veterinarios constituye una garantía absoluta de independencia profesional y que cuestionarla supondría poner en riesgo la salud animal y la salud pública. El planteamiento suena impecable en lo teórico, pero falla cuando se confronta con la realidad clínica, con la práctica comparada europea y con las peculiaridades de la medicina veterinaria.

La primera cuestión que conviene aclarar es que los veterinarios no estamos pidiendo un trato de excepción. Estamos reclamando, precisamente, lo contrario: una regulación moderna, proporcionada y homologable a la de muchos países de nuestro entorno. Una regulación que parta de la realidad asistencial de la medicina veterinaria y no de la aplicación mecánica de esquemas concebidos para la medicina humana.

Porque la medicina veterinaria no funciona igual que la humana. Atendemos múltiples especies, pesos, formatos, indicaciones, condiciones de manejo y contextos epidemiológicos muy distintos. Trabajamos, además, con una disponibilidad de medicamentos notablemente inferior a la existente en humana y con menos presentaciones adaptadas a las necesidades reales de los pacientes. Ésa es una de las claves del problema. Y negarla no lo resuelve.

Se ha afirmado que en España no existe un problema de acceso al medicamento veterinario. Pero el problema no es sólo cuántos medicamentos figuran en catálogo o cuántas referencias están teóricamente disponibles en distribución. El verdadero problema es si el propietario puede disponer, en el momento clínico en que el animal lo necesita, del medicamento, la presentación, la concentración y el número de unidades adecuados para ese tratamiento concreto. Y esa respuesta, demasiadas veces, es no.

También se ha sostenido que permitir el suministro por parte del veterinario comprometería la independencia del criterio clínico. Conviene decirlo con claridad: la independencia profesional de un veterinario no la garantiza una barrera formal, sino su ética, su cualificación, su responsabilidad deontológica y su sometimiento a control. Quien conoce mínimamente la profesión sabe que el veterinario prescribe con responsabilidad clínica y con una enorme exposición personal, técnica y jurídica. Sugerir que el criterio veterinario queda inevitablemente contaminado por un eventual interés económico no sólo es injusto: es desconocer el funcionamiento real de una profesión sanitaria sometida a obligaciones muy exigentes.

Además, la comparación europea debería invitar a la prudencia antes de presentar el modelo español como el único verdaderamente garantista. En buena parte de Europa, los veterinarios pueden prescribir y suministrar los tratamientos necesarios para completar la atención de sus pacientes dentro de marcos regulados y fiscalizados.

Éste es, precisamente, uno de los puntos ciegos del debate. Cuando el sistema no permite adaptar con flexibilidad la respuesta terapéutica a la situación concreta del animal, no gana la seguridad: gana la rigidez. Y la rigidez, en medicina, rara vez es una buena noticia. Menos aún en veterinaria, donde la diversidad biológica y clínica obliga a actuar con criterio científico, capacidad de ajuste y proporcionalidad.

El debate sobre los antimicrobianos merece, además, un mínimo de honestidad. España ha hecho en los últimos años un esfuerzo muy relevante en la reducción del uso de antibióticos en sanidad animal. Ese esfuerzo no ha sido fruto del azar ni de la imposición externa: ha sido posible, en gran medida, gracias al compromiso de los veterinarios españoles con el uso prudente y responsable de los antimicrobianos. Por eso resulta difícil aceptar que se traslade a la opinión pública la idea de que la profesión veterinaria constituye el principal foco de riesgo o el eslabón débil de la lucha contra las resistencias.

Combatir la resistencia antimicrobiana es una prioridad compartida. Pero para hacerlo bien hace falta rigor. Hace falta analizar dónde está realmente el problema, dónde se concentra el mayor impacto y qué medidas son eficaces sin deteriorar la capacidad asistencial. La salud pública no se protege dificultando el acto clínico veterinario ni multiplicando cargas burocráticas que no aportan valor proporcional. Se protege reforzando el uso racional del medicamento, adaptando las presentaciones a las pautas reales, mejorando la disponibilidad efectiva y dotando al profesional sanitario de herramientas útiles.

Mientras tanto, seguimos sin reconocer plenamente el papel de la veterinaria en las políticas públicas. Seguimos gravando sus servicios clínicos con un IVA del 21% en animales de compañía, como si su actividad careciera de relevancia sanitaria. Y seguimos discutiendo sobre la profesión muchas veces sin escuchar a quienes la ejercen.

Los veterinarios no pedimos privilegios. Pedimos poder trabajar con seguridad jurídica, con criterios científicos, con instrumentos adaptados a nuestra realidad profesional y con una normativa que ayude, en lugar de obstaculizar, la atención sanitaria a los animales y la protección de la salud pública.

España necesita más veterinaria en sus políticas públicas, no menos. Más reconocimiento, no más sospecha. Más confianza en el criterio clínico de una profesión sanitaria esencial, y menos rigidez normativa.

Porque cuando se debilita a la veterinaria, no pierde un colectivo. Pierde la salud pública. Pierde el mundo rural. Pierde la sociedad. Y pierde el país.